El aborto clandestino, una condena para la mujer latinoamericana

Entre el 2010 y el 2014, más de 30 millones de mujeres latinoamericanas optaron por una interrupción voluntaria del embarazo. Ya sea por carencia de información o métodos de anticoncepción, por pertenecer a culturas poco propensas a la planificación familiar o por consecuencia de violaciones, el número de embarazos no deseados es muy elevado en el subcontinente y, según el Instituto Guttmacher, la cifra de mujeres que deciden abortar ha aumentado respecto a periodos anteriores. El 97% de aquellas que optan por hacerlo, viven en países donde esta práctica está restringida. Y en Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Suriname está totalmente prohibida, en algunos casos incluso perseguida y castigada con penas de hasta 30 años de prisión.

De acuerdo con los últimos datos publicados por el mismo instituto –con sede en Nueva York–, cada año mueren más de 22.000 mujeres al mundo –de media– de resultas de abortos inseguros. El año 2009 la cifra llegó a 70.000 muertes. Son la clandestinidad, la criminalización y la estigmatización del aborto las que conducen muchas mujeres latinoamericanas a sufrir graves complicaciones de salud y la muerte. Uruguay, Cuba, la Guayana y Puerto Rico son los únicos países de la región, hasta ahora, que han legalizado totalmente el aborto durante el primer trimestre de embarazo. Aun así, esto no es garantía de un servicio de aborto público, seguro y gratuito.

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‘Giro a la izquierda’ poco efectivo

A pesar del llamado giro a la izquierda que han vivido buena parte de los países de América Latina desde los años 90 del siglo pasado, la situación legal del aborto se ha flexibilizado muy poco en una región muy influenciada por la Iglesia católica y sectores conservadores y dominada por unos poderes políticos y financieros que responden a la lógica neoliberal. Bolivia, por ejemplo, a pesar de haberse convertido en un Estado plurinacional con unas políticas sociales destacadas continúa condenando las mujeres que optan por interrumpir su embarazo a entre uno y tres años de prisión; excepto en casos de riesgo por la vida del bebé, por la salud de la madre o por violación, según una ley que no se revisa desde 1973. “Ante esta situación, los consultorios ilegales continúan obteniendo beneficio de mujeres de todas las edades. Detrás de los anuncios públicos de test de embarazo, se esconde un mercado negro que propaga la incertidumbre y el miedo”, explica Ruth Bautista, feminista de Paz.

Pionera en la América Latina en la legalización del matrimonio homosexual y el cambio de nombre para las transsexuals, la Argentina de los gobiernos kirchneristas se quedó atrás en materia de aborto. Según cifras oficiales, se producen cerca de 500.000 abortos clandestinos anuales en el país, 80.000 de los cuales finalizan con la hospitalización de las mujeres. Alemenos 100 de ellas pierde la vida durante el proceso. A pesar de que la ley contempla un aborto legal para las mismas tres causas mencionadas, según Belén Palomino, activista de la organización Socorro Rosa de la provincia de Salta: “Esta situación se da, pero ponen muchos palos a las ruedas, puesto que hay médicos que se declaran objetores de conciencia. Tenemos que luchar contra un sistema que está muy arraigado en el catolicismo y también contra médicos que no conocen el protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo y no quieren ejercerlo”.

Contrastes en el Brasil

Con una situación parecida a la de Argentina, en el Brasil, muchas voces denuncian que la ley de interrupción del embarazo, de 1984, no facilita abortos legales y seguros. Una mujer que quiera hacerlo durante el primer trimestre del embarazo necesita certificados médicos, autorizaciones de jueces que constaten que la interesada realmente ha sido víctima de una violación y otros requisitos burocráticos que lo hacen casi imposible. Según la organización política Aos Fatos, por cada aborto legal que efectúan los centros de salud pública brasileños se atienden cien casos de post-aborto. “Una compañera de la universidad que había sido violada quedó en coma después de un aborto clandestino; cuando se despertó, descubrió que no había conseguido perder el hijo y la llevaban a prisión, donde posteriormente fue separada de él”, explica alarmada una estudiante de la Universidad Federal de Goiás.

“Yo quedé embarazada a los 21 años. Si hubiera querido abortar de manera segura, no lo hubiera conseguido y, si la tentativa de abortar me hubiera hecho acabar en un hospital, me habrían arrestado. Sólo la mujer rica puede abortar de manera segura”, testimonia Jordana Barbosa, estudiante de un doctorado en Antropología social en Sao Paulo y madre de un niño de siete años.

Aún así, el mes de noviembre pasado, en el Estado de Río de Janeiro, el Tribunal Supremo Federal brasileño dictó una sentencia que puede establecer una jurisprudencia importante: afirmaba que abortar durante el primer trimestre de embarazo no podía ser ilegal en ningún caso y alegaba que ningún país desarrollado –citaba Alemania y Francia– criminaliza el aborto durante la fase inicial de gestación.

Pinochet todavía manda en Chile

En Chile, se está a la espera de la aprobación de una reforma impulsada por Michelle Bachelet a finales de su segundo mandato, que tendría que regular las tres causas para abortar de manera legal. Mientras tanto, pero, impera una ley aprobada por Augusto Pinochet en 1990 que prohíbe el aborto en cualquier caso.

Aun así, la psicóloga chilena Tània Hevia explica que “hay muchas mujeres organizadas para generar instancias de educación sexual y aborto seguro y por visibilitzar alternativas y hacernos un lugar en el ámbito social”. Y añade: “Muchas compañeras han abortado con médicos que vienen a casa y cobran la voluntad y ahora está en marcha la campaña Miso pa’ todas”. El eslogan hace referencia al Misoprostol, un medicamento de uso obstétrico –aprobado y aconsejado por la Organización Mundial de la Salud– que facilita el aborto. El fármaco es bien conocido en la mayoría de países del América Latina y, a pesar de que no queda claro que se trate de la opción más segura, sin duda es mejor que la muerte. “Chile continúa siendo un país conservador y católico”, sentencia Hevia.

El caso salvaje de El Salvador

La Fundación Calala Fondo de Mujeres, que trabaja con colectivos de mujeres de la América Central y el Estado español, ha lanzado la campaña Que el ganchillo deje de ser Cosa de Mujeres para denunciar la grave situación de las mujeres que deciden abortar en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Maria Palomares, directora de Calala, asegura que, cuando se habla de aborto en América Central, “la situación es de retroceso”. “En muchos casos, antes había un derecho o al menos no estaba prohibido. Pero, los últimos años, se ha extendido la prohibición porque los gobiernos han empezado a legislar guiados por lobbies conservadores y religiosos. El Opus Dei está metido en varios gobiernos”, concluye.

“Hay casos de mujeres que han llegado con un aborto natural al centro de salud y el médico no ha querido ni tocarlas, las ha denunciado a la policía y se las han llevado a la cárcel”, explica Palomares. Efectivamente, si durante los últimos veinte años ha habido aproximadamente veinte países que han liberalizado la normativa relativa al aborto, El Salvador y Nicaragua –así como Polonia– la han endurecido. Con la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) al gobierno, El Salvador es el único país donde las autoridades detienen mujeres regularmente bajo la acusación de interrupción deliberada, por la cual pueden llegar a cumplir condenas de 30 años de prisión por “homicidio agravado”. Actualmente, algunos diputados han propuesto despenalizar el aborto, pero parece que esta posibilidad todavía tendrá que recorrer un camino muy largo.


Infografia de PAU FABREGAT

Colonialismo e intereses corporativos

Yendo al origen de esta tierra, existen pueblos indígenas en todo América que, siguiendo tradiciones posiblemente milenarias y a menudo desconociendo la legislación nacional, continúan usando plantas –sobre todo raíces– tanto para regular la fertilidad como para abortar cuando lo consideran necesario. En su libro Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaría, la escritora italiana Silvia Federici apunta a los orígenes de la criminalización del aborto en el continente: “A partir de la asociación entre anticoncepción, aborto y brujería, los crímenes reproductivos pasaron a ocupar un lugar prominente a los juicios coloniales”.

Y las entrevistadas en este reportaje señalan que la causa de esta legislación lesiva hacia el derecho al aborto no sólo es el sistema de valores coloniales, católicos y patriarcales, sino también los intereses de las grandes corporaciones propietarias de clínicas médicas que de ella se benefician. Quizás por eso, asegura la activista boliviana Ruth Bautista, “La despenalización del aborto genera señalamientos y persecuciones entre pasillos y las mujeres continuamos sufriendo, muriendo y pariendo en las peores condiciones”.

Articulo publicado originalmente en La Directa 424

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One Response to El aborto clandestino, una condena para la mujer latinoamericana

  1. Seria genial que en la versió online incorporessis alguns links als estudis i organitzacions a les que fas referència, perquè qui vulgui pugui anar més enllà.

    Queda molta feina per fer en aquest àmbit i el pitjor és que en alguns casos en comptes d’anar endavant es va endarrere

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